RIESGO. Burgomaestres de San Juan de Lurigancho, San Juan de
Miraflores, Comas y Los Olivos apoyan esta iniciativa. Ministro del Interior:
Solicitud es inviable, los militares no están preparados para cumplir con la
labor de la Policía.
La inseguridad ciudadana en la capital ha crecido a tal
punto que en diversos distritos se demanda la intervención de las Fuerzas
Armadas. Los pedidos van desde la declaración del estado de emergencia en San
Juan de Lurigancho hasta la propuesta de que los militares patrullen las calles
y se imponga un toque de queda en San Juan de Miraflores de 12 de la noche a 5
de la mañana.
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Vecinos de este último distrito desfilaron ayer por el
municipio para firmar un petitorio en respaldo a estas medidas propuestas por
su alcalde, Javier Altamirano, en su objetivo de frenar la delincuencia en su
jurisdicción.
Según explicó Altamirano, hasta el mediodía de ayer, al
menos mil personas habían firmado esta solicitud y adelantó que dirigentes de
Pamplona Alta y Baja, así como María Auxiliadora y la Nueva Rinconada le han
solicitado los planillones y se encuentran recolectando firmas que serían
llevadas al Ministerio del Interior y al Congreso.
Entre las propuestas del burgomaestre de SJM se pide que se
restablezca el Servicio Militar Obligatorio, que los efectivos de las Fuerzas
Armadas patrullen las calles y que se disponga un toque de queda.
Contrariamente a lo que apuntan los expertos en materia de
seguridad, Altamirano asegura que es posible la participación de las FFAA
porque considera que la policía y el serenazgo no se dan abasto. "Tengo
150 serenos, son poquitos y no es suficiente. Las guerras se pierden por
cantidad numérica. La policía nacional que tenemos está haciendo un buen
trabajo pero no alcanza. La delincuencia es mayor", dijo.
Recordó que su propuesta podría darse al amparo del Decreto
Legislativo 1095 en el que se indica que las FFAA pueden brindar apoyo a la
policía. La norma, sin embargo, en su artículo 4.3 especifica que se establece
"en caso de tráfico ilícito de drogas, terrorismo o protección de
instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país".
Esta propuesta ha sido respaldada por los alcaldes de Los
Olivos, Comas, Callao y San Martín de Porres, este último con reservas porque
recuerda que constitucionalmente el orden interno está en manos de la policía.
Mientras que tanto el alcalde de Paita, Luis Dioses Guzmán,
como el gobernador del Callao, Félix Moreno, consideraron necesario que sean
miembros de la Marina de Guerra quienes patrullen las zonas inseguras en sus
localidades.
Hace unas semanas, el alcalde de San Juan de Lurigancho,
Juan Navarro, pidió que se declare el estado de emergencia en este distrito por
los casos de extorsión a colegios particulares y que desencadenaron en la
muerte del director del colegio privado María Montessori y el asesinato de dos
vigilantes de Alpamayo School en el mismo distrito.
En contraparte, a través de un comunicado, el alcalde de
Barranco, Antonio Mezarina, refirió que "la seguridad ciudadana requiere
de un tratamiento especial".
"Como militar en retiro del Ejército Peruano y por
experiencia puedo señalar que la capacitación y formación de las Fuerzas
Armadas están dirigidas a la lucha contra el terrorismo y defensa del
territorio", manifestó al tiempo que invocó que ante esta ola
delincuencial se tiene que combatir con un compromiso de las diferentes
instituciones del Estado.
Previamente, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio,
manifestó su oposición ante este pedido. Sin embargo, reiteró su propuesta de
que los serenos usen armas no letales y realicen arrestos.
"No es viable”
El titular del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, insistió
en que las Fuerzas Armadas no están preparadas para patrullar las calles, ni
tampoco cumplir con la labor de la Policía. En las últimas semanas Pérez
Guadalupe se ha reunido con diversos alcaldes para tratar el tema de
inseguridad.
Consideró que la propuesta de algunos alcaldes para que los
militares intervengan en la seguridad ciudadana es inviable.
"Personalmente no le veo mayor viabilidad en estos
casos porque las Fuerzas Armadas no están preparadas para hacer una función
policial. No se trata de tener un arma y disparar. Al primer muerto que haya de
parte de algún efectivo del Ejército o la Marina allí vienen los
problemas", enfatizó.
No obstante, el titular del interior reconoció que la
delincuencia ha crecido pero recalcó que la Policía Nacional debe seguir
trabajando con inteligencia para combatirla. "Seguiremos arrasando con
todas las organizaciones criminales que ya están identificadas", refirió.
Alertan de posible riesgo de la medida
El constitucionalista Enrique Bernales coincidió con la
postura del ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, y alertó que la
presencia de las FF.AA. en las calles es riesgosa. "Una acción de control
de tipo policial tiene una serie de recursos y métodos que no son los que
emplean las Fuerzas Armadas y puede exponer a la población a situaciones de
alto riesgo", indicó.
"En un centro urbano como es Lima, Chimbote o Trujillo,
es imposible y peligroso. Además, no tendría que aplicarse en un solo distrito
sino en el conjunto de toda la ciudad. Podría haber un desplazamiento armado
excesivo, cuando lo que se necesita es un trabajo bien planificado, intenso y
coordinado entre el Ministerio del Interior y los municipios", explicó.
Bernales precisó que esta situación es completamente
distinta a lo que ha ocurrido en Islay y en otras zonas de conflicto social
donde las FFAA han apoyado el trabajo policial. Sin embargo, dijo que no es
inconstitucional sino inviable. "Constitucional puede ser, pero no le veo viabilidad
y que convenga su aplicación", acotó.
ENFOQUE
Propuesta sería contraproducente
Wilfredo Pedraza
Ex ministro del Interior
Comparto con los alcaldes la necesidad de trabajar de una
manera más integral en materia de seguridad, pero creo que está jugando a los
símbolos cuando pretenden que las Fuerzas Armadas salgan a combatir a la
delincuencia.
En principio, se tendría que definir cuál sería el rol de
las FFAA en esta materia. También hay que precisar que el decreto que regula el
apoyo de las FFAA a la Policía dice claramente que se aplica en casos de
carácter social de conflictos, pero para el control de servicios básicos:
carreteras, servicios de agua, luz, etc.
¿Qué va a hacer un soldado cuando vea un carterista o un
hurto?, ¿le va a disparar? Resulta contraproducente, porque esto puede empeorar
la situación. Como ha pasado en México, podrían incrementarse las víctimas
civiles. Se tiene que invertir más en equipamiento, lograr una mejor
coordinación con el serenazgo, la Policía y organizar las juntas vecinales.
Esas son las respuestas técnicas que generan resultados.
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